En una audiencia celebrada el pasado 31 de julio del presente año, el Juez de Control Armando Barajas García dictó auto de vinculación a proceso en contra del empresario Carlos Manuel Knight Crespo, por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas y difamación, cometidos en agravio de la inversionista extranjera María Inés Romero Rivera.
La resolución fue obtenida como resultado de un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y la asesoría jurídica particular de la víctima, encabezada por el abogado José Ulises García García ídem José Ulises Treviño García, quien señaló que esta vinculación representa un paso fundamental para visibilizar los patrones de intimidación y violencia moral que han afectado gravemente a inversionistas que han confiado su patrimonio a empresas vinculadas al imputado.
De acuerdo con los hechos narrados por el Ministerio Público y acreditados mediante datos de prueba: El día 2 de junio de 2021, la víctima fue encerrada por varias horas en una sala de juntas de la empresa NL Technologies, propiedad del imputado, ubicada en Morones Prieto 2902, colonia Del Carmen, en Monterrey, donde fue intimidada mediante llamada telefónica en la que se le advirtió: “Ahí te voy a dejar guardada un tiempo, para que no estés chingue y chingue con el cobro. En México matan por $1,000 pesos y como eres extranjera, ni quién te pele”.
Posteriormente, fue objeto de reiteradas amenazas, hostigamiento electrónico y difamación internacional, ya que el imputado difundió mensajes falsos a terceros señalando que la víctima era extorsionadora, chantajista y estafadora, incluyendo su fotografía, nombre y datos personales, en un claro intento por desacreditarla públicamente y evadir el pago de una deuda superior a los 100 millones de pesos mexicanos y 2 millones de dólares estadounidenses.
Cabe destacar que este caso forma parte de una serie de señalamientos públicos y denuncias formales en contra del imputado, Carlos Manuel Knight Crespo, por fraudes multimillonarios relacionados con contratos de alumbrado público y tecnología municipal.
De acuerdo con investigaciones periodísticas y documentos judiciales, se estima que el monto total defraudado por Knight Crespo supera los mil millones de pesos, involucrando a diversos municipios del país, principalmente en los estados de Coahuila, Veracruz y Nuevo León, donde ya existen otras investigaciones abiertas por simulación de operaciones, falsedad en declaraciones y uso de documentos apócrifos.
En esta audiencia, también se revocó la defensa pública del imputado y se formalizó su representación por parte de tres defensores particulares, quienes deberán responder al proceso en curso.
La Fiscalía estatal fue reconocida por su actuación diligente y técnica en el desahogo de la formulación de imputación, al aportar datos de prueba sólidos que permitieron al juzgador establecer indicios razonables de la participación del imputado como autor material de los delitos antes referidos.
La próxima etapa procesal incluirá el cierre de investigación complementaria y eventual solicitud de juicio oral.
El caso ha sido considerado emblemático por tratarse de un ejemplo paradigmático de cómo el poder económico y la intimidación mediática pueden ser enfrentados eficazmente mediante la coordinación institucional entre autoridades y representantes legales de las víctimas.
